Sostenibilidad
Integración de los riesgos sociales
En el marco de la integración de los riesgos de sostenibilidad, la entidad considera de forma específica los riesgos de carácter social, entendidos como aquellos derivados de factores relacionados con el respeto de los derechos humanos, las condiciones laborales, la protección del cliente, la conducta de negocio y el impacto social de la actividad aseguradora, que pudieran afectar negativamente a la situación financiera, los resultados o la reputación de la entidad.
En aplicación del principio de proporcionalidad, y atendiendo a la naturaleza, escala y complejidad de las operaciones de la entidad como aseguradora de ramos no vida de tamaño reducido, dichos riesgos se integran de manera transversal en las categorías de riesgo ya existentes, en particular en los riesgos operacional, reputacional y de suscripción, evitando la creación de estructuras o metodologías específicas adicionales, con una estrategia de no duplicar marcos que llevarían a ineficiencias en la gestión.
En este contexto, la entidad tiene en consideración, entre otros aspectos, los riesgos asociados a prácticas comerciales inadecuadas, posibles situaciones de trato no equitativo o discriminatorio en la suscripción o gestión de siniestros, deficiencias en la información o transparencia hacia el cliente o mediadores (alineadas con el plan estratégico de la entidad), así como conductas de mediadores o proveedores que pudieran resultar contrarias a los estándares normativos o éticos aplicables.
La evaluación de estos riesgos se realiza, en la actualidad, mediante un enfoque predominantemente cualitativo, coherente con el perfil de riesgo de la entidad y con su limitada exposición a riesgos sociales de carácter material, sin perjuicio de su seguimiento continuo a través de los mecanismos generales de control interno que ya tiene la entidad, gestión de reclamaciones, cumplimiento normativo y supervisión por el órgano de administración.
La entidad revisa periódicamente la relevancia de los riesgos sociales, comprometiéndose a reforzar su identificación, medición y gestión en caso de que se produzcan cambios en su perfil de riesgo, en el entorno regulatorio o en las prácticas de mercado que justifiquen una mayor sofisticación en su tratamiento.
Coherencia de la política de remuneración con los riesgos sociales
La política de remuneración de la entidad es coherente con la integración de los riesgos sociales en su sistema de gestión de riesgos, en la medida en que está diseñada para evitar incentivos que puedan dar lugar a comportamientos contrarios a los intereses de los clientes, a la normativa aplicable o a los principios de conducta de negocio responsable.
En particular, la estructura retributiva de la entidad no se basa exclusivamente en objetivos cuantitativos de producción o volumen de negocio a corto plazo, sino que se encuentra alineada con criterios de desempeño ajustados al riesgo (como así están establecidos en el plan estratégico), incluyendo el cumplimiento normativo, la calidad del servicio prestado, el respeto a los derechos del cliente y la adecuada gestión de reclamaciones e incidencias.
En aplicación del principio de proporcionalidad, y atendiendo a la dimensión y complejidad de la entidad, no se han establecido en la actualidad métricas específicas o indicadores cuantitativos independientes vinculados a factores sociales dentro de la remuneración variable; no obstante, los riesgos sociales se encuentran implícitamente integrados en los sistemas generales de evaluación del desempeño y control interno.
Asimismo, la entidad promueve, a través de su política de remuneración, una cultura organizativa orientada a la conducta ética, la transparencia y el trato justo al cliente, evitando prácticas comerciales agresivas o inadecuadas con el cliente (lo que denominaríamos una “mala comercialización”) que puedan generar riesgos sociales o reputacionales.
La entidad basa su praxis diaria en la calidad del servicio, tanto al cliente final como al canal (factor este clave en la propuesta de valor de la entidad en aras a conseguir ventajas competitivas), el cumplimiento normativo y el trato justo al cliente tanto en la comercialización de los productos aseguradores en la suscripción de los mismos, como en la gestión de siniestros.